El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pedirá al Ministerio de Justicia que paralice la implantación de la nueva Oficina Judicial hasta que se resuelvan los “graves problemas” detectados en Burgos, ha informado el vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, Fernando de Rosa.
Cinco vocales del CGPJ encabezados por De Rosa, entre ellos los dos vocales designados para Castilla y León, Almudena Lastra y Miguel Collado, han mantenido hoy una serie de reuniones con jueces, fiscales, secretarios y otros colectivos relacionados con la administración de Justicia en Burgos, entre ellos abogados y procuradores.
Al término de estos encuentros, De Rosa ha afirmado ante los periodistas que tras un exhaustivo seguimiento del funcionamiento de la oficina judicial, que se implantó de forma pionera en todos los órdenes jurisdiccionales del partido judicial de Burgos, “la implantación no se está produciendo como esperaba el consejo”.
Incluso ha advertido de que, “si no se resuelven los problemas de funcionamiento en los Juzgados que está provocando, lo que a priori apoyó el Consejo como una buena modernización podría estar en peligro”.
Cuando han pasado más de cinco meses desde la puesta en servicio de este modelo de funcionamiento, que supone la modificación de toda la estructura de apoyo a los jueces y magistrados en su labor de juzgar y hacer cumplir lo juzgado, tiene un “defecto estructural grave” en el mal funcionamiento del sistema informático, el llamado “Minerva NOJ”.
Ha asegurado que este fallo en un sistema que ha calificado de “pilar esencial” para el modelo de la nueva oficina judicial se ha apreciado en Burgos, aunque también en otros lugares donde se ha implantado de forma parcial este sistema, como Murcia, Cáceres y Ciudad Real.
De Rosa ha anunciado que, además de hacer llegar al Ministerio de Justicia las deficiencias que han puesto de manifiesto los profesionales de la Justicia en Burgos, el CGPJ pedirá que se paralice la extensión de la oficina judicial a otros partidos judiciales hasta que se solucionen “estos graves problemas”.
Otra carencia que el vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces asegura que han detectado en el funcionamiento de este sistema está relacionado con el personal.
Ha pedido que se mejore la formación y que se estudie la redistribución, “porque si antes los órganos de la Justicia en Burgos funcionaban correctamente, ahora con el mismo personal tienen un peor funcionamiento”, y ha estimado que “si es necesario algún refuerzo de personal para la puesta en servicio no se tenga miedo a realizarlo”.
En todo caso, De Rosa ha insistido en que “el modelo es adecuado pero su desarrollo lo está poniendo en peligro” y ha recordado que se trata de la aplicación de una Ley Orgánica aprobada en 2003 y “al Consejo le corresponde cumplir la ley” por lo que ha considerado que deben ser los legisladores los que decidan si es necesario realizar alguna modificación en su contenido.
En este sentido, se ha referido a la instrucción que publicó la semana pasada el Boletín Oficial del Estado, fruto de conversaciones entre el Ministerio de Justicia y el CGPJ, que está pensada para “aclarar la distribución de funciones” entre jueces y magistrados, por una parte, y secretarios por otra, lo que “aliviará problemas en al distribución de carga de trabajo”.
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