Publicado en www.elpais.comLa Administración de justicia valenciana tiene cortada, desde ayer, la comunicación con sus usuarios después de que Correos haya decidido suspender el servicio. El impago es la causa de esta decisión. De los juzgados no saldrán ni citaciones, ni notificaciones, ni resoluciones.
La Administración de justicia valenciana tiene cortada, desde ayer, la comunicación con sus usuarios después de que Correos haya decidido suspender el servicio. El impago es la causa de esta decisión. De los juzgados no saldrán ni citaciones, ni notificaciones, ni resoluciones. Correos restablecerá el servicio en el momento en el que se apruebe un plan de pagos, que podría llevarse al pleno del Consell del próximo viernes, aunque fuentes de la Generalitat aseguraron que “se aprobará lo antes posible”. Para entonces, miles de certificaciones podrían acumularse en las oficinas judiciales. Los sindicatos vaticinan un “golpe de muerte” a la justicia valenciana.
Los cerca de 500 juzgados valencianos emiten, diariamente, miles de notificaciones al exterior. Ayer, las oficinas de Correos recibieron un fax de la Unidad de Admisiones Masiva en el que se ordena la suspensión de la recogida de las comunicaciones de todos los juzgados de la Comunidad Valenciana. Así, ayer ya no se recogieron las notificaciones emitidas el viernes desde algunos juzgados. En otros casos, la salida del correo sí se llevó a cabo, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Según ha admitido la propia Consejería de Justicia, el motivo es la deuda que se arrastra desde hace “años”, que las mismas fuentes no supieron cuantificar y que otras fuentes cifran en más de 10 millones de euros. De hecho, el plan de pagos prevé que la deuda se salde a lo largo de tres años.
La deuda está reconocida por la Consejería de Economía, que es la que ha de autorizar su pago, pero el plan para saldarla aún no está aprobado y, previsiblemente, será debatido en el próximo pleno del Consell, que se celebrará el viernes. “Correos está dispuesto a desbloquear el servicio en el momento en el que el Consell apruebe el plan de pagos”, indicaron fuentes de Justicia. En el caso de que así sea, para entonces, los juzgados acumularán seis días sin servicio postal.
Fuentes del TSJ indicaron que la presidenta, Pilar de la Oliva, se puso en contacto con el responsable de Justicia, Rafael Blasco, para conocer el alcance del problema. Las mismas fuentes expusieron que Blasco explicó a De la Oliva que Correos exige un aval de Hacienda que garantice el pago y que el consejero había instado a la consejería de Gerardo Camps a “que lo hiciera de forma inmediata”.
“Es un problema muy grave”, aseguró ayer la delegada sindical de Justicia de UGT en Castellón, Carmen Gil. “Después de la reducción de plantillas y de otros problemas de suministro, esto es el golpe de muerte a la justicia”, señaló. La delegada de UGT afirmó que no es la primera vez que se suspende el servicio postal pero que, en las anteriores ocasiones, “el problema se ha solucionado en uno o dos días”.
Según los datos de UGT, más del 90% de las comunicaciones de la Administración de justicia con los usuarios se realiza a través del servicio de Correos, tras una comunicación emitida por TSJCV que insta a que se utilice este servicio en lugar de hacerlo a través del servicio de notificaciones, que es personalizado. Además, las comunicaciones entre juzgados de distintas localidades también se realizan con servicio postal. Lo que no se verá afectado serán las peticiones de ingreso en prisión o excarcelación ya que, según explicó la delegada sindical, estas se producen de juez a juez y vía fax.
Por su parte, la Intersindical Valenciana, a través de un comunicado, aseguró que la Consejería de Justicia no paga los sellos “desde hace tres años” y sostuvo que “de nada sirve asumir competencias si no se asume la responsabilidad que ello conlleva, y los presupuestos están para cumplirlos y ejecutarlos”.
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