20 may 2010

Mesa sobre Minerva y Nuevas Tecnologias

En el día de ayer fuimos convocadas las OO.SS a una mesa que se celebró en Santiago en relación con el Plan de Sistemas de Xustiza en Galicia, con el siguiente orden:
  • Presentación de los objetivos del Plan de Sistemas.
  • Identificación de la valoración y los problemas que los profesionales encuentran en la aplicación das tecnologías en los distintos ámbitos de la Justicia.
  • Identificar las mejoras y expectativas que estos profesionales tienen en la aplicación de las TIC como instrumento para la modernización de las herramientas al servicio de su actividad.
La primera intervención corrió a cargo de la Subdirectora Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica que trazó las líneas de actuación en los siguientes aspectos:
1º Infraestructuras: Todo lo relacionado con los servidores
2º Medios: Todo lo relacionado con los PC’s, impresoras, etc.
3º Aplicaciones: Todo lo relacionado con los programas que manejan los usuarios.
4º Prestaciones: Todo lo relacionado con la organización de los medios, la formación y el uso de los servicios TIC.
Por SPJUSO se manifestó que por parte del Ministerio y en su consecuencia por la Xunta, no se hicieron las cosas adecuadamente respecto a la implantación del Minerva NOJ, ya que en teoría este programa fue probado en territorio Ministerio durante un tiempo bastante largo, por lo que si ya fue probado no nos explicamos los problemas actuales, no solo en Galicia, sino en el resto del territorio que utiliza este programa. Insistimos en lo manifestado en la mesa sectorial del pasado seis de mayo, en que debía haber un experto en el programa en cada uno de los edificios de las siete grandes ciudades, para un mejor servicio al usuario y no tener que estar esperando a que desde Santiago nos arreglen las cosas.
Entendemos que la licencia de uso del programa, no solo se debe servir para que desde Madrid nos solucionen el problema, sino que debía poderse solucionar desde Galicia los problemas, sin tener que esperar a los parches del Ministerio.
En relación con las carencias en nuevas tecnologías, debería existir en cada oficina judicial una impresora multifunción conectada a la red y que esta multifunción sirviera, como dice su definición, de multifunción, es decir, de impresora, fax y escáner, y no como hasta ahora solo de impresora. Si queremos una apuesta decidida por las nuevas tecnologías es imprescindible que las impresoras funcionen a su vez como escáner, para evitar estar copiando escritos inútilmente para incorporarlos a un documento, cuando con el escáner sería una cosa sencilla y rápida.
No es de recibo que existan en Galicia, en materia de justicia, casi 60 servidores distintos, cada uno con su programa y datos, cuando estos debían formar parte de una base común para todos ellos.  Se debería, llegado el caso, como lo fue con los Abogados y Procuradores, llegar a una depuración de las bases de datos y empezar de nuevo, para evitar que una persona o entidad este registrada 50 veces, dependiendo de la persona que la haya registrado, por lo que se deben dar órdenes concretas a las personas encargadas del registro, en concordancia con las normas dictadas por el CGPJ, sobre la manera de registrar, ya que creemos que no es difícil dictar unas ordenes de obligado cumplimiento, pudiendo además incorporar al programa unas órdenes para que los registros se realicen como tiene que ser, como por ejemplo, el DNI con la letra, con o sin guión, igualmente el NIF o CIF, los nombres compuestos, etc ….
Ni que decir tiene del sistema obsoleto de videoconferencias existente, cuando desde cualquier ordenador particular se tiene acceso a un sistema de videoconferencia de mayor calidad de imagen y sonido que el existente en las sedes judiciales, se debería apostar por la integración de la videoconferencia en cada una de las salas de vistas, aprovechando el entramado de grabación de las vistas orales.
Respecto a la grabación de las vistas, los profesionales, entiéndase el Procurador o Abogado de cada parte, deberían poder obtener instantes después de celebrada su vista y de manera automática, una copia de la misma, sin tener que solicitarla por escrito al Juzgado, lo que redundaría en un menor trabajo para las oficinas judiciales.
En definitiva, esperamos que la Xunta de una vez por todas tome la iniciativa y apueste por el uso de las nuevas tecnologías con todas sus consecuencias y no espere a que desde otro ámbito le marquen el paso. Apostar por las nuevas tecnologías, es apostar por una justicia más segura, rápida y eficaz.
Por la Subdirectora Xeral se manifestó respecto de las copias de las grabaciones de las vistas,  que esta cuestión está en pruebas en la Audiencia de Ourense y en la de Lugo.
Asimismo, que se intentará que exista una base de datos única y de calidad.
Que el programa Minerva fue cedido gratis por el Ministerio y por lo tanto que no se puede exigir un servicio de mantenimiento como si fuese una licencia de pago, pero que el Ministerio está colaborando, porque  también le interesa que los problemas del Minerva se solucionen lo más rápido posible.
Que en breve será solucionado el problema de la numeración de las ejecuciones en civil.
Que se está definiendo un “certificado de funcionario público” que sería equivalente al certificado digital personal, pero distinto,  y que podría ser distribuido a finales de año o principios del que viene, el cual serviría para el acceso a los equipos informáticos,  a todas las bases de datos y Lexnet. Con ello, por fin se zanja el conflicto derivado del uso de nuestro certificado personal tanto en la esfera privada  como para la actividad profesional con el riesgo que ello suponía.
Que estudiarán la forma de incorporar formadores a pie de Juzgado para solucionar los problemas que se plantean en el trabajo diario.
Que se incluirá “ya” en la intranet una ventana de “incidencias y solución” para que tengamos una referencia de problemas que se han generado con la aplicación del programa informático y la solución que a los mismos se ha dado.
Implantar el Minerva en los SCAC, facultándoles con la posibilidad de modificar en las bases de datos las direcciones de las personas o entidades, visto el resultado de la diligencia practicada.