Y lo hacemos también desde nuestra condición de trabajadores y trabajadoras en el Día Internacional del Trabajo con los valores a él innatos de dimensión internacionalista, de irradiación solidaria y de expresión reivindicativa por la Justicia Social como fundamento de la dignidad de la condición humana en todos los órdenes y en todos los rincones del planeta.
En un escenario internacional que requiere cambios e inmediatas soluciones
En el ámbito supranacional, una crisis en sus orígenes emanada en los Estados Unidos a través de burbujas especulativas de naturaleza hipotecaria y crediticia, que fue propagándose como pandemia infectando a las entidades financieras y éstas a su vez a la economía mundial, provocando unos graves efectos no sólo sobre el crecimiento económico, sino singularmente sobre las mayorías sociales trabajadoras, con una enorme destrucción de puestos de trabajo como principal impacto. Crisis que ha conllevado que más de 34 millones de personas pierdan sus empleos y conjuntamente con quienes con antelación carecían de los mismos, que sean más de 215 millones las personas que están actualmente en desempleo en el mundo, que aumente la pobreza y las desigualdades y que crezca, hasta alcanzar la mitad de la fuerza laboral del planeta, el número de trabajadores con empleos vulnerables.
Por ello, junto a la CSI, abogamos por establecer un decidido y necesario cambio de globalización, con reformas sistémicas de las instituciones y entidades económicas y financieras internacionales que pongan fin a las políticas especulativas de los capitales y orienten los mismos a la inversión productiva, la distribución de la riqueza de manera justa y sostenible, la creación de empleo y dotación de medios de vida dignos para todos los habitantes del planeta.
Y coincidiendo con la Presidencia española de la Unión Europea, este 1º de Mayo la USO reclama junto a la Confederación Europea de Sindicatos que Europa priorice en sus políticas la reducción del paro y muy especialmente el paro juvenil, el establecimiento de un plan de recuperación al que se destine el 1 % del PIB de la UE, el desarrollo de nuevas políticas industriales, la instauración de medidas regulatorias de las entidades financieras y sus transacciones, y el desarrollo del modelo social europeo mediante la puesta en marcha de un Protocolo de Progreso Social, con normas de trabajo justas e igualitarias y con la necesaria cohesión económica y social.
Con una más exacerbada crisis en nuestro país, con el paro como principal deriva social.
Siendo muy preocupante el deterioro de la economía internacional y las cada vez más menguadas intenciones por regular los mercados financieros según se van dando tímidos atisbos de remisión de la crisis financiera y económica generalizada, lo es en mayor medida la crítica situación en la que continúa instalada en nuestro país, al perdurar la recesión con una continuada pérdida de actividad económica, un incremento de la deuda y del déficit público, con una cada vez mayor incorporación a la economía sumergida, y una enorme destrucción de puestos de trabajo como principal deriva social, al excluir del empleo a más de cuatro millones y medio de trabajadores y trabajadoras.
A consecuencia del desempleo y del mal reparto de la riqueza entre todos generada, España se ha convertido en un país con altas tasas de pobreza al tener a un millón doscientos mil hogares con todos sus miembros en paro y más de ocho millones de personas por debajo del umbral de la misma, de los cuales millón y medio de ciudadanos sufren pobreza severa y alta exclusión social.
Y es asimismo un país con una de las mayores tasas de trabajadores pobres, en el que más de la mitad de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes, en el que el once por ciento de los trabajadores ocupados no generan suficiente renta como para evitar que su familia esté por encima del umbral de la pobreza y que se extiende hasta un treinta y siete por ciento en el caso de los trabajadores desempleados, con el colectivo inmigrante como más frágil y vulnerable.
Una situación que exige reforzar las medidas de protección social que den amparo a las personas que carecen de recursos y de empleo, y realizar una reforma fiscal a fondo para que no sólo los asalariados, sino todos los ciudadanos coticen en función de su renta real, por ser más necesaria que nunca una más justa redistribución de la riqueza como imperativo de justicia social, igualdad y solidaridad.
Agresividad contra el desempleo y no contra los derechos sociales y laborales.
Sin embargo, desde las instancias gubernamentales se deja al albur de la providencia del diálogo político y social la solución a tan deteriorada situación con una batería de actuaciones que, con independencia de otras encaminadas al recorte del gasto ante el galopante déficit público, van desde la moderación salarial en la negociación de los convenios colectivos, recortes de plantilla y retribuciones en las Administraciones Públicas, la subida de impuestos, la retirada de los estímulos económicos, la enésima reforma del mercado laboral y una nueva reforma de las pensiones.
Una concertación política y social de resultados baldíos y regresivos como han demostrado ser en lo sustancial en los últimos tiempos para las mayorías sociales trabajadoras, a la que ahora han encomendado los designios tanto de una reforma laboral que pretende abaratar el despido, desregular la jornada laboral y surtir los mercados de mano de obra barata y sin cualificar, como de una reforma de las pensiones, que propone alargar en dos años más la edad de jubilación y ampliar los periodos de carencia y de cómputo de las cotizaciones, que afectarían directamente sobre el derecho y el cálculo de la pensión, dejando a muchos trabajadores y trabajadoras sin derecho a su propia jubilación teniendo que acogerse a pensiones no contributivas, y reduciendo notablemente la cuantía de las pensiones.
Una crisis en la que, frente a haberse primado con fabulosas cantidades de recursos públicos a una banca insolidaria y especulativa, nuevamente y por el contrario se pretende que el coste recaiga sobre los no culpables, sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras en forma de pérdida de empleos y recorte de derechos sociales y laborales.
Ante esta situación, manifestamos que la urgencia y la prioridad no es el pretendido socavamiento de los derechos sociales y laborales como conllevan las reformas anunciadas y las proclamas de determinadas entidades financieras y empresariales ante las cuales es preciso anteponer la movilización social y sindical para revertir las mismas y encauzar las medidas políticas hacia la verdadera urgencia y necesidad, como es el que se prioricen las personas y el empleo.
Para ello, urgir como medidas inmediatas la necesidad de poner en el epicentro de las políticas el empleo, por ser precisamente el empleo, digno, pleno y con derechos, la solución a los principales males que padece nuestro país y sus ciudadanos. Y junto a él, abogar por las necesarias reformas de las instituciones financieras para que respondan a las necesidades de la economía real y productiva, la necesaria reforma fiscal para tributar todos según los ingresos percibidos para una justa distribución de la riqueza, las necesarias inversiones en infraestructuras y la diversificación de nuestro modelo productivo con la industria como principal apuesta para hacer un modelo sostenible, redistributivo y social.
Comprometidos con la Solidaridad y la Justicia universal.
Como cada 1º de Mayo, la USO manifiesta su compromiso con todos los seres humanos del planeta por el logro del Trabajo Digno, el cumplimiento de los Objetivos del Milenio y la consecución de un nuevo orden económico y social internacional realmente justo, así como reitera la innata expresión de solidaridad y fraternidad universal que emana del Día del Trabajo, muy especialmente con nuestros congéneres más pobres y que más sufren.
Y como cada año, desde SOTERMUN, la ONGD alma solidaria de la USO, mediante la Campaña de Solidaridad Permanente pretende llevar la solidaridad concreta de los trabajadores españoles con los más necesitados, priorizando en este caso la reconstrucción de Haití, que siendo un país ya de por sí sumido en la pobreza, la malnutrición y mortalidad infantil, el hambre, la falta de trabajo o la precariedad extrema de vivienda, ha quedado asolado y más destruido aún como consecuencia del terremoto que sacudió el país.
Con la colaboración de todos es posible hacer una gran labor para con los trabajadores y trabajadoras haitianos mediante proyectos en materia de salud, vivienda y educación.
